Armenia está ubicada en la región del Cáucaso entre Asia y Europa. Su gobierno tiene una excelente política de puertas abiertas para la inversión extranjera de cualquier sector, al igual que ofrece un trato justo e igualitario para los inversores locales y extranjeros, obteniendo de esta manera un amiente empresarial estable.
Sus sectores de alta tecnología y tecnología de la información (TI) han sido atractivo principal de inversión extranjera.
El sistema bancario de Armenia está bien regulado y es sólido, no limita la conversión y transferencia de dinero o la repatriación de capital y ganancias, en esto se incluyen las ganancias de sucursales, dividendos, intereses, regalías y tarifas de administración o servicios técnicos.
Esta jurisdicción se encuentra en el puesto número 47 de 190 países en facilidad para hacer negocios establecido por el Banco Mundial. En el país no hay restricciones sobre inversiones o propiedad extranjera, cambio de moneda extranjera o repatriación de ganancias.
Además, posee una red favorable de tratados operativos de doble imposición con 46 países y se puede acceder a muchos mercados a través de acuerdos de libre comercio, en los que están incluidos los miembros de la Organización Mundial de Comercio en todo el mundo, los regímenes generalizados de preferencias con Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Noruega y con países de la Unión Europea y miembros de la Comunidad de Estados Independientes.
También se ofrecen incentivos fiscales como exenciones fiscales sobre la renta, las ganancias y los impuestos sobre la propiedad y la exención del IVA a los empresarios en las Zonas Económicas Francas.
Armenia y la Unión Europea
Las relaciones de Armenia con la Unión Europea se rigen por el Acuerdo de Asociación Global y Reforzada entre la UE y Armenia. Se firmó en noviembre del 2017 y entró en vigencia el primero de marzo de 2021. El acuerdo muestra las bases de una cooperación en la que se benefician mutualmente en diversos ámbitos.
El fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de negocio, la adopción de una legislación justa, el aumento de la seguridad, la mejora del medio ambiente, la mejora de la calidad de educación y el aumento de las oportunidades de investigación son alguno de los beneficios que se obtuvieron gracias al acuerdo.
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